El impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, establecido por la Ley No. 288-04, ha generado contradicciones en las políticas públicas de la República Dominicana. Originalmente diseñado para ser eliminado en 2009, el impuesto fue restablecido de manera permanente en 2006, generando incertidumbre fiscal.
Este tributo, que encarece las transacciones económicas, ha sido criticado por su impacto negativo en el crecimiento económico y la competitividad. Además, se contrapone a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que busca aumentar el acceso a servicios financieros de calidad.
La reciente modificación de la Ley 30-26, que incrementa el impuesto al 0.20%, agrava estas contradicciones al introducir costos adicionales en la economía. Esto penaliza los procesos productivos y encarece los bienes finales para los consumidores, afectando tanto a empresas como a hogares.
La eliminación de este impuesto es vista como una transformación tributaria pendiente, necesaria para fomentar el crecimiento económico y el bienestar nacional.
