La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial adjudicó contratos por más de 133.2 millones de pesos a servidores públicos, en violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones. La Contraloría General de la República identificó que tres empleados del Estado fueron beneficiados con contratos para obras de infraestructura, lo cual contraviene las prohibiciones establecidas para funcionarios públicos.
El informe de auditoría señala que la comisión justificó las adjudicaciones argumentando la validez del Registro de Proveedores del Estado y la falta de un oficial de cumplimiento. Sin embargo, la Contraloría rechazó estas explicaciones y mantuvo el hallazgo en su informe final.
Además de las contrataciones irregulares, la auditoría detectó anomalías en el control de bienes, el parque vehicular y la ejecución presupuestaria de la institución. Estos hallazgos están en proceso de subsanación, aunque no se han adoptado medidas concretas al respecto.
