La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) han anunciado la eliminación de 56,140 alertas migratorias que carecían de respaldo judicial. Estas alertas, acumuladas desde 1990, afectaban el libre tránsito de ciudadanos, a pesar de que en 2021 Miriam Germán Brito había instruido su eliminación.
El Tribunal Constitucional había establecido en 2022 que ninguna autoridad podía restringir la libre circulación sin orden judicial. A pesar de esto, miles de registros permanecieron en el sistema hasta ahora, cuando finalmente se ha cumplido con la disposición judicial.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, solicitó al director de Migración priorizar el levantamiento de registros sin base legal, históricos sin identificación y aquellos de procesos ya concluidos. La revisión técnica encontró errores administrativos y órdenes judiciales sin individualizar en los registros.
