A una década de la suspensión de la revista vehicular en República Dominicana, el país sigue sin implementar un sistema integral de inspección técnica periódica para verificar las condiciones mecánicas de los vehículos. En 2016, se estimó que el Gobierno perdería RD$40 millones anuales debido a la suspensión, según Luis Estrella, entonces director de Tránsito Terrestre.
El proceso para establecer un nuevo sistema de inspección ha enfrentado varios obstáculos. En 2019, una licitación del INTRANT para implementar el sistema fue declarada desierta. Posteriormente, en 2022, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) aclaró que el proyecto aún no estaba aprobado ni adjudicado.
La Ley 63-17 y el Decreto 5-19 contemplan la inspección técnica vehicular, pero su implementación sigue pendiente. Un informe de 2021 evaluó la viabilidad económica de un modelo de participación público-privada, proyectando ingresos anuales para el Estado de hasta US$3.03 millones.
Mientras tanto, el Gobierno continúa recaudando el Impuesto de Circulación Vehicular, con tarifas actualizadas para la temporada 2026-2027. Sin embargo, estas recaudaciones no incluyen ingresos por inspección técnica, que sigue sin concretarse, afectando tanto la seguridad vial como los ingresos estatales.
