El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el inicio de un proceso para combatir la inmigración ilegal en el país. Esta nueva política busca reforzar la identificación de extranjeros en situación irregular y avanzar hacia su deportación, priorizando a aquellos vinculados a actividades delictivas.
Colombia, que ha sido uno de los principales destinos del éxodo venezolano, ha desarrollado mecanismos de regularización para integrar a esta población. Sin embargo, el endurecimiento anunciado introduce un componente más fuerte de control y expulsión dentro de su política migratoria y de seguridad.
La decisión de Colombia encuentra precedentes en la República Dominicana, donde el control de la inmigración irregular se ha intensificado bajo la administración del presidente Luis Abinader. La experiencia dominicana ha sido observada por otros países de la región, como Chile, cuyo presidente electo, José Antonio Kast, mostró interés en el modelo dominicano.
En Estados Unidos, la administración de Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración irregular en uno de los pilares de su política, endureciendo las restricciones de entrada y permanencia. La nueva etapa colombiana permitirá evaluar la adopción de mecanismos comparables con los de otros gobiernos de la región.
