Los tribunales, la ley y el largo camino de la rendición de cuentas.
Familiares de Ángel Gabriel Tifá Moneró, asesinado a puñaladas, exigen justicia mientras esperan la entrega de su cuerpo. Su pareja, Ysalia Ramírez Pinales, es la principal sospechosa y está detenida.
La muerte de Miguel Antonio Lucas tras su detención en San Cristóbal ha suscitado cuestionamientos sobre las circunstancias de su fallecimiento. Su abogado asegura que no presentaba lesiones al ingresar al destacamento y ha solicitado una investigación. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia.
Un hombre de 32 años ha recibido prisión preventiva por la muerte de su expareja menor de edad en Santiago. El acusado deberá cumplir la medida en un centro de corrección en La Vega.
Dos policías son investigados por presunto abuso sexual a una joven haitiana en Valverde.
Protestas en San Cristóbal y Santo Domingo Este exigen justicia por muertes de Miguel Lucas Paredes y Rawel Sierra, vinculadas a la Policía Nacional.
El Tribunal Constitucional ha declarado que las pensiones por discapacidad serán vitalicias, permitiendo a los beneficiarios optar por la pensión de vejez si es más favorable. La decisión modifica la Ley 87-01 y otorga al Congreso dos años para ajustar la legislación.
Ganaderos en la frontera dominico-haitiana exigen soluciones ante el aumento del robo de ganado, que ha generado pérdidas millonarias y temor en el sector.
El Ministerio Público dominicano realizó 20 allanamientos por una red de trata investigada por Bélgica, involucrando explotación sexual y lavado de activos.
Familiares de Miguel Antonio Lucas Paredes protestaron en San Cristóbal por su muerte bajo custodia policial, denunciando falta de atención médica y posibles agresiones.
Familiares de Rawel Sierra exigen justicia tras su muerte por un disparo en Brisas del Este. Señalan a la Policía Nacional como responsable, pero aún no hay identificados. Piden intervención del presidente Abinader para esclarecer el caso.
La estafa por medios electrónicos es un delito en crecimiento en República Dominicana, aprovechando el desarrollo tecnológico para cometer fraudes. La Ley 53-07 y el Código Penal dominicano son las herramientas legales para enfrentarlo, pero se requiere prevención y educación digital para combatir la criminalidad informática.
Un asalto en Reparto Rosa, Santo Domingo Oeste, ha incrementado la preocupación por la inseguridad en el área, con residentes demandando mayor vigilancia policial.
Latin Events, LLC solicita el embargo de fondos de la JCE tras una sentencia por incumplimiento de contrato en EE.UU. La JCE planea apelar.
Familiares de Rawel Sierra, joven fallecido en una protesta, exigen justicia y claridad en la investigación del caso.
Tribunal anula rebeldía contra La Ross María tras aceptar que no fue notificada de audiencia.
El juez Deibi Peguero ha cambiado la prisión preventiva por arresto domiciliario a Ada Ledesma Uniera, implicada en el caso de corrupción SeNaSa.
La muerte de Miguel Antonio Lucas Valenzuela bajo custodia policial en San Cristóbal ha generado críticas hacia la Policía Nacional, sumándose al reciente caso de Darlyn Emmanuel Mercado Reyes. Ambos incidentes han reavivado el debate sobre el uso de la fuerza y el cumplimiento de protocolos policiales.
Una mujer fue arrestada por presuntamente matar a su pareja en Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, tras una discusión.
La Junta Central Electoral apelará una sentencia en Nueva York que ordena el pago a Latin Events LLC por servicios no contratados, según la JCE.
Familiares de un hombre fallecido tras detención en San Cristóbal exigen investigación por posible negligencia policial.
