El procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, ha instado a que se pase del discurso a la práctica en cuanto a los acuerdos procesales. Estos acuerdos buscan reducir el gasto en justicia y descongestionar tanto los tribunales como las cárceles.
Camacho enfatiza que el Ministerio Público debe liderar el proceso penal y fomentar estos acuerdos caso por caso. Esta postura responde a las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien destacó que el 40% del presupuesto de la institución se destina a procesos penales.
Molina sugiere que los acuerdos procesales podrían reducir significativamente los gastos y aliviar la sobrepoblación carcelaria. Camacho apoya esta idea, señalando que los países desarrollados han obtenido buenos resultados con este enfoque.
El procurador adjunto defiende que un sistema adversarial no es viable sin acuerdos y que estos son esenciales para combatir eficazmente el crimen organizado. También resalta que el Ministerio Público debe ser el motor de estos procesos y que las salidas alternas deben ser proporcionales al caso.
