La Cámara de Diputados de la República Dominicana discutió una modificación al proyecto de reforma del Código Penal que reafirma la malversación de fondos públicos como un delito grave. Se establecen penas de entre cinco y diez años de prisión para funcionarios que desvíen recursos del Estado con fines no autorizados.
El proyecto especifica que el delito se comete cuando un funcionario, de manera fraudulenta, destina fondos públicos a usos no previstos por las normas de administración patrimonial o disposiciones presupuestarias. Además de la pena de prisión, se contemplan multas de entre cuatro y diez veces el monto involucrado.
Si no se puede determinar el valor exacto de los recursos malversados, la multa se calculará en base al último salario del funcionario involucrado, multiplicado entre cuatro y diez veces.
