Raúl Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, ha solicitado a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) investigar un proceso judicial que podría comprometer al Estado dominicano a pagar 2,693.9 millones de pesos. Este monto corresponde a una indemnización por terrenos en la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional, debido a la inactividad procesal de los abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales.
Martínez destacó la importancia de establecer responsabilidades, ya que el recurso de casación fue declarado extinto por falta de acción, impidiendo al Estado discutir una diferencia superior a 2,500 millones de pesos. El dirigente opositor enfatizó la necesidad de una investigación independiente para determinar si hubo negligencia o fallas de supervisión por parte de los funcionarios y abogados involucrados.
La sentencia del Tribunal Constitucional confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de extinguir el recurso, lo que ha generado preocupación sobre la protección de los intereses patrimoniales del Estado. Martínez instó a la Digeig a actuar de oficio y presentar los resultados de la investigación para garantizar la transparencia gubernamental.
