El nuevo Código Penal dominicano introduce cambios significativos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con las leyes núm. 74-25 y 44-26, se establece que las organizaciones deben demostrar una supervisión efectiva de sus riesgos penales. Esto implica que la responsabilidad ya no recae solo en el autor material del delito, sino también en la empresa que no previno o detectó adecuadamente el riesgo.
La normativa exige que las juntas directivas participen activamente en la gestión de riesgos, asegurando que existan programas de cumplimiento efectivos. La OCDE resalta la importancia de que los consejos directivos actúen informados y con diligencia, supervisando los controles internos y gestionando los riesgos. La falta de acción o supervisión adecuada puede resultar en responsabilidad penal para la organización.
El nuevo marco legal busca transformar la gobernanza corporativa de formal a responsable, donde la integridad se convierte en una estrategia de supervivencia. Las empresas deben demostrar que sus valores se reflejan en controles y decisiones verificables, y no solo en declaraciones aspiracionales. Este enfoque preventivo pretende que las organizaciones sean actores responsables en la sociedad.
