La entrada en vigor de la Ley 74-25, que reemplaza al antiguo Código Penal de 1884, ha generado un debate sobre su capacidad para reducir los feminicidios en República Dominicana. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, defiende la nueva legislación como necesaria para enfrentar delitos no contemplados adecuadamente en el marco legal anterior.

El nuevo Código Penal reconoce el feminicidio como un delito autónomo, imponiendo penas de 30 a 40 años de prisión, y contempla el feminicidio agravado con una pena fija de 40 años bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, el psicólogo Amaury Ramírez argumenta que la respuesta penal no aborda las causas subyacentes de la violencia, sugiriendo que debe enfocarse en factores psicológicos, sociales y familiares.

El abogado Edward Moya considera que las nuevas disposiciones fortalecen las herramientas para perseguir estos casos, pero Ramírez critica la "cultura penalista" del país y aboga por una prevención más integral. La discusión también sugiere la creación de un Ministerio Familiar para integrar esfuerzos de diferentes sectores en la prevención de la violencia antes de que llegue al sistema penal.