El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado un contrato de 20 millones de dólares para adquirir guantes CTG-5, capaces de emitir descargas eléctricas. La compra de estos guantes, que se espera completar para marzo de 2027, ha generado críticas de organizaciones civiles que temen un aumento en la violencia de las operaciones migratorias.

La Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) ha denunciado el uso de estos guantes como una forma de "tortura discreta" contra los migrantes. Jorge Torres, director de NDLON, ha pedido la abolición del ICE, argumentando que la violencia debe cesar en las comunidades.

El Departamento de Seguridad Nacional ha defendido la medida, afirmando que los guantes son necesarios para garantizar la seguridad en la detención y deportación de inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Sin embargo, el ICE ha sido objeto de críticas por sus métodos agresivos, especialmente tras incidentes mortales recientes en Texas y Maine.