El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de revisión presentado por Bienes Nacionales, confirmando la condena que obliga al Estado dominicano a pagar RD$520.49 millones a Hacienda Fondeur por terrenos expropiados en Samaná. El conflicto inició en 2001 cuando un decreto declaró de utilidad pública una porción de la parcela 3574 para el asentamiento de familias campesinas.
Hacienda Fondeur reclamó el pago por los terrenos, y en 2025, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo ordenó el pago de RD$515,491,872 por 1,536,179.25 metros cuadrados, además de cinco millones por daños y perjuicios. La Procuraduría General Administrativa y Bienes Nacionales intentaron recurrir la decisión, pero el Tribunal Constitucional rechazó la revisión el 1 de octubre de 2026.
El Tribunal Constitucional determinó que Bienes Nacionales no demostró cómo la decisión vulneraba sus derechos fundamentales, y no revisó el valor de los terrenos ni recalculó la indemnización.
