El Servicio Nacional de Salud (SNS) ha emitido una disposición que ha generado rechazo en un sector de la industria de la salud. La medida establece que el 80% de los medicamentos, insumos y materiales gastables que deben adquirir los hospitales públicos sean comprados a PROMESE-Cal y LABOQUIDOM.
Esta decisión busca reducir costos, mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos y fortalecer la sostenibilidad financiera de hospitales y centros de salud. Sin embargo, gremios empresariales farmacéuticos, como INFADOMI y ARAPF, advierten sobre riesgos de desabastecimiento, retrasos en entregas y reducción de la competencia.
La industria farmacéutica nacional ha sido un pilar en el suministro de medicamentos, aportando significativamente a la economía y la salud del país. La controversia plantea un desafío para el Gobierno, que debe demostrar que PROMESE/CAL y LABOQUIDOM pueden cumplir con las necesidades hospitalarias sin perjudicar al sector privado.
