El Banco de Reservas ha rechazado la solicitud de embargo de los fondos de la Junta Central Electoral (JCE), amparándose en la Ley 86-11 y una sentencia del Tribunal Constitucional que impide inmovilizar fondos públicos sin una sentencia definitiva. Este rechazo se produce en el marco del caso judicial que involucra a la sociedad Latin Events.
La JCE ha interpuesto un recurso de apelación ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Esta apelación responde a un auto emitido el 29 de junio de 2026, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera presentada por Latin Events, LLC.
La Junta Central Electoral sostiene que no existe evidencia de autorización para los servicios que Latin Events alega haber proporcionado, subrayando su compromiso con la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. La JCE se compromete a demostrar en las instancias judiciales que no asumió la obligación que Latin Events reclama.
