Un grupo de víctimas de una estafa inmobiliaria se manifestó en la sede del Ministerio Público, demandando la agilización del proceso de extradición de Loany Lismeiry Ortiz Nova, presunta líder del fraude. La estafa, que involucra más de 18 millones de dólares y 214 millones de pesos, afectó a numerosos inversionistas, muchos de ellos ancianos, quienes invirtieron sus ahorros en proyectos inmobiliarios que nunca se materializaron.
El caso, conocido como Operación Guepardo, fue revelado en febrero de 2025 con el arresto de los primeros imputados. A pesar de que la acusación fue presentada en abril de 2026, el juicio preliminar aún no ha comenzado. Ortiz Nova fue capturada en Colombia en 2025, pero su extradición sigue pendiente, lo que ha generado frustración entre las víctimas.
La abogada Carolina Núñez, representante de 136 de las 426 víctimas, destacó que la mayoría de los afectados son personas mayores de 60 años. Núñez y otros especialistas recomiendan a los compradores de inmuebles verificar el estado jurídico de las propiedades antes de realizar cualquier transacción para evitar fraudes similares.
