El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha decidido poner fin a la concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), vigente desde hace casi siete décadas. La decisión se basa en el incumplimiento de obligaciones esenciales por parte de la empresa, mientras la explotación de los yacimientos de Quisqueya I ha estado paralizada desde noviembre de 2023.
La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano. Se ordenó la terminación de los contratos de concesión firmados en 1956 y 1969, que cubrían una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel.
Uno de los elementos clave para la decisión fue la falta de operaciones productivas desde noviembre de 2023, según certificación de la Dirección General de Minería. Además, Falcondo no presentó los informes semestrales y anuales de progreso y operaciones correspondientes a 2023, 2024 y 2025.
El tribunal consideró que estas faltas comprometían el propósito de la concesión, que era explotar efectivamente los recursos otorgados por el Estado y mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones. La inactividad de la concesión afectaba el interés general en el aprovechamiento de los recursos mineros nacionales, justificando así la terminación de los contratos.
