Cuatro abogados han señalado que las alertas migratorias en República Dominicana son ilegales y que un impedimento de salida del país solo puede ser impuesto mediante una orden judicial. Recomiendan que los ciudadanos afectados acudan a la Procuraduría General para presentar certificaciones que demuestren la ausencia de casos pendientes o decisiones judiciales que les prohíban viajar.
La Procuraduría General ha solicitado a la Dirección General de Migración levantar cualquier alerta o impedimento de salida que no haya sido emitido por un tribunal. Esta medida ha permitido eliminar trabas a 56,140 personas, tras auditar tres décadas de datos acumulados.
Los registros migratorios de estos ciudadanos carecían de sustento judicial, limitando su derecho al libre tránsito. Los abogados sugieren que los ciudadanos verifiquen su estado migratorio solicitando una certificación en la Dirección General de Migración.
En un caso relacionado, el juez Franny González ordenó a Migración entregar documentación al exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien enfrentaba una restricción migratoria sin orden judicial. Sin embargo, Migración no cumplió con la entrega, alegando falta de documentación de la administración pasada.
