El Congreso Nacional ha aprobado una reforma al Código Penal que introduce cambios significativos en artículos relacionados con la libertad de expresión, la difamación y los contenidos digitales. La modificación mantiene sanciones para la creación o difusión de imágenes o audios falsos que afecten el honor o la intimidad de una persona, con penas de dos a cinco años de prisión.

La reforma también ajusta la pena por difamación, reduciéndola a un rango de uno a dos años de prisión. Además, introduce una excepción para proteger críticas sobre corrupción o políticas públicas, siempre que la información haya sido verificada razonablemente antes de su publicación.

El presidente Luis Abinader promulgó la reforma mediante el decreto 507-26 y estableció una comisión de seguimiento para futuras mejoras del Código Penal. Esta comisión está integrada por destacados juristas y periodistas del país.