La reforma constitucional de 2010 en República Dominicana tuvo un impacto significativo en la institucionalidad democrática del país. Esta reforma llevó a la creación del Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, fortaleciendo así la jurisdicción constitucional.
Además, se elevó a rango constitucional las funciones de partidos políticos y se introdujeron figuras como el plebiscito y el referendo. La República Dominicana pasó a ser un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en la dignidad de las personas.
Sin embargo, a pesar de estos avances teóricos, la práctica cotidiana muestra desafíos en el cumplimiento del marco constitucional. Casos recientes, como ejecuciones extrajudiciales por la Policía Nacional, evidencian violaciones a los derechos fundamentales.
El artículo 7 de la Constitución establece que el Estado debe proteger los derechos de las personas y garantizar su dignidad. En sociedades democráticas, los derechos fundamentales deben contar con una protección judicial reforzada, algo que aún enfrenta retos en el país.
El respeto a los valores democráticos es esencial para la convivencia pacífica y la estabilidad social. Es responsabilidad del gobierno asegurar que la Constitución no sea vulnerada y que los derechos fundamentales sean preservados.
