El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha declarado de alta prioridad el combate contra el terrorismo medioambiental mediante un decreto. Esta medida busca fortalecer la lucha contra las agresiones ecológicas, estableciendo penas de hasta 20 años de prisión para infractores.
A pesar de esta iniciativa, el Congreso enfrenta un estancamiento en la aprobación de proyectos de ley relacionados con la protección ambiental. La diputada Llaniris Espinal ha presentado un paquete de cuatro proyectos que incluyen la tipificación del ecocidio y la protección de áreas naturales, pero estos permanecen congelados desde 2025.
Uno de los proyectos propone penas severas para el delito de ecocidio y extiende la responsabilidad penal a las empresas. Otro busca declarar la cordillera Central como territorio de seguridad nacional, prohibiendo la minería metálica y protegiendo las concesiones ambientales.
El decreto presidencial también ordena operativos conjuntos para proteger las áreas naturales, mientras el Congreso aún no avanza en reformas que regularían los delitos ambientales y dotarían de recursos a las políticas de conservación.
