El Gobierno de Panamá ha decidido solicitar a la Asamblea Nacional una dispensa fiscal para ampliar su margen presupuestario tras el terremoto de magnitud 7,5 que afectó al país el 9 de octubre. Esta medida es parte de las acciones extraordinarias dentro de la declaratoria de emergencia nacional.

La dispensa permitirá una suspensión temporal de los límites de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, facilitando la asignación de recursos para la recuperación de las comunidades afectadas y la infraestructura pública. La solicitud está incluida en la Resolución de Gabinete del 10 de octubre de 2026 y requiere la aprobación de la Asamblea Nacional.

El límite de déficit para 2026 es del 3,5% del PIB para el Sector Público No Financiero, pero la legislación permite excepciones en casos de desastres naturales. La dispensa no elimina permanentemente las normas fiscales, sino que es una excepción temporal para responder a la emergencia.

El Consejo de Gabinete ha autorizado hasta 100 millones de dólares para contrataciones especiales relacionadas con la emergencia, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Los fondos se destinarán a la adquisición de bienes y servicios necesarios para reparar daños y restablecer infraestructuras.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que el país tiene recursos para necesidades inmediatas, aunque aún no se ha estimado completamente las pérdidas. Las evaluaciones continúan en infraestructuras públicas y privadas para determinar el dinero necesario para asistencia y reconstrucción.

Además, Panamá cuenta con posibles fuentes de financiamiento internacional, como la CAF y el BID, que han anunciado opciones de financiamiento y cooperación no reembolsable. Las autoridades continúan evaluando las necesidades para decidir qué instrumentos utilizar.

El terremoto tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí y ha generado numerosas réplicas. Las autoridades siguen inspeccionando y atendiendo prioritariamente a las comunidades afectadas, enfocándose en la recuperación de servicios esenciales.