La construcción de megacárceles se ha convertido en una estrategia común entre los nuevos líderes de América Latina para combatir el crimen y la inseguridad. Esta política, inspirada en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha sido adoptada por países como Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Sin embargo, expertos advierten sobre las dificultades de replicar este modelo debido a factores como el tamaño de la población y la estructura descentralizada del crimen organizado en estos países.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha seguido los pasos de Bukele al trasladar reclusos de alta peligrosidad a nuevas instalaciones penitenciarias. Esta medida ha sido vista como una demostración del poder estatal, aunque plantea serias dudas sobre su efectividad a largo plazo. Además, el uso prolongado de estados de excepción en El Salvador ha generado críticas por la violación de derechos humanos y el desgaste institucional.

A pesar de las críticas, el modelo de megacárceles sigue atrayendo a los votantes en la región, quienes buscan respuestas contundentes a la delincuencia. Sin embargo, los expertos señalan que sin un control efectivo de estos centros, podrían convertirse en focos de criminalidad. La pregunta que queda es si los gobiernos latinoamericanos están dispuestos a pagar el costo institucional que implica adoptar este enfoque.