El refugio es un mecanismo de protección internacional regido por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Este instrumento busca proteger a personas que, por temor a persecución, no pueden o no quieren regresar a su país de origen.

La República Dominicana es parte de estos acuerdos internacionales y ha incorporado disposiciones internas para regular el refugio mediante el Decreto núm. 1569 de 1983, que creó la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Esta comisión es responsable de evaluar y decidir sobre las solicitudes de refugio en el país.

A pesar de los avances, se señala la necesidad de una norma integral que regule el refugio en el país, ya que actualmente existe una fragmentación normativa. La Ley General de Migración contempla el refugio, pero remite a tratados internacionales sin desarrollar todos los aspectos necesarios.

Se sugiere avanzar hacia una legislación que armonice el concepto de refugio, los procedimientos de reconocimiento, y los derechos y deberes de los solicitantes, siguiendo el ejemplo de otros países de la región.