Las asociaciones público-privadas (APP) están ganando relevancia en la República Dominicana, especialmente en la construcción de infraestructura y provisión de servicios públicos. Estas asociaciones permiten acelerar la inversión, incorporar capital privado y distribuir riesgos entre el Estado y los inversionistas. Sin embargo, también pueden generar compromisos fiscales a largo plazo que no siempre son evidentes al firmar los contratos.
La Ley núm. 47-20, promulgada en 2020, estableció el marco jurídico para las APP en el país, creando la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) como órgano especializado. Desde entonces, las APP se han extendido a sectores como infraestructura vial, turismo, energía, salud y tecnología. El Banco de Proyectos de la DGAPP cuenta con 26 iniciativas, con inversiones estimadas en más de US$2,500 millones.
Es importante aclarar que no todas las iniciativas APP equivalen a contratos firmados. Algunas están en evaluación, otras en estructuración, y algunas han sido canceladas. Un ejemplo es la Autopista del Ámbar, cuyo proceso competitivo fue declarado desierto en 2024 y reestructurado en 2026.
El proyecto de transformación del Puerto Duarte en Samaná es el primer contrato de infraestructura bajo la Ley 47-20, con una inversión privada de US$68 millones y una duración de 33 años. Este contrato demuestra que el enfoque debe estar en el costo total del proyecto para el Estado y los beneficios recibidos a lo largo del tiempo.
