El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ha fallado a favor de que el Estado dominicano ponga fin a los contratos con Falconbridge Dominicana para la explotación del yacimiento Quisqueya I. Esta decisión podría ser apelada por Falcondo, que aún figura como propietaria de los terrenos, lo que deja en suspenso la reanudación de las actividades mineras en la zona.
El presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), José Eurípides Florentino Rodríguez, destacó que el Estado conserva sus derechos como accionista. La reestructuración o liquidación de Falcondo, debido a sus condiciones financieras, sigue pendiente de fallo por otro tribunal en Santiago.
La sentencia del TSA, dictada por los jueces Antonio Sánchez, Úrsula Carrasco Márquez y Edward Abreu, se basa en la inactividad del yacimiento y el incumplimiento de la Ley Minera 146-71. El abogado Eric Raful Pérez, representante del Fonper, considera que la decisión es trascendental para el Estado dominicano, permitiéndole recuperar el control sobre los yacimientos mineros.
El director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Martín Valerio, subrayó que la inactividad de la mina no implica automáticamente el abandono de la concesión. La sentencia destaca la necesidad de actualizar la ley minera para definir claramente las diferencias entre suspensión temporal, inactividad prolongada y abandono de una concesión.
