La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha anunciado la actualización de las tarifas del impuesto de circulación vehicular, conocido como marbete, basándose en una inflación acumulada del 58.1% entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026. Esta medida ha generado un debate sobre la política salarial del Estado dominicano, ya que la inflación se utiliza como argumento para aumentar lo que el Estado cobra, pero no parece tener la misma fuerza para actualizar lo que paga a sus trabajadores.
El último reajuste salarial general en la administración pública se realizó en abril de 2019, durante el gobierno de Danilo Medina. Desde entonces, solo se han producido aumentos particulares para ciertos sectores como docentes, médicos y policías, dejando a muchos trabajadores administrativos con ingresos prácticamente congelados. La inflación acumulada ha deteriorado significativamente el poder adquisitivo de estos empleados.
La falta de indexación de la escala del impuesto sobre la renta (ISR) desde 2017 agrava la situación, ya que el mínimo exento permanece sin cambios a pesar del incremento sostenido de los precios. Esto puede elevar la carga tributaria de los trabajadores sin representar una mejora real de sus ingresos. Se plantea la necesidad de evaluar el deterioro salarial acumulado y establecer un programa de recuperación del poder adquisitivo basado en criterios técnicos y sostenibilidad fiscal.
