La República Dominicana enfrenta un retroceso en la promoción y garantía de los derechos sociales, a pesar de que su constitución los reconoce y tutela. Servicios fundamentales como el acceso al agua potable son considerados derechos exigibles, pero otros, como la vivienda digna y la salud, no reciben la misma protección.
La falta de educación y promoción de estos derechos por parte del Estado contribuye a que muchos ciudadanos no los exijan. La publicidad estatal se enfoca en logros políticos, dejando de lado la divulgación de derechos fundamentales.
Expertos señalan que los recortes en gastos públicos afectan la protección de derechos sociales, y que el Estado debe garantizar servicios básicos como la seguridad pública y el acceso a alimentos. La apatía colectiva y la falta de políticas públicas agravan la situación en el país.
