La Contraloría General de la República ha decidido no publicar los informes de auditorías realizadas entre 2020 y 2022, generando controversia. La entidad ha archivado los resultados de estos estudios, a la espera de que el Poder Ejecutivo decida su divulgación. Esta decisión marca un cambio en la política gubernamental de transparencia, ya que el presidente Luis Abinader había ordenado la publicación de estos resultados.
El contralor Geraldo Espinosa Pérez se ampara en la Ley 10-07 para justificar la no publicación de las auditorías, argumentando que no existe obligación legal de hacerlo. Sin embargo, la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública establece que la administración debe proveer información contenida en documentos bajo su posesión. La retención de estas auditorías limita el acceso ciudadano a información sobre el uso de fondos públicos.
A pesar de que hay 38 auditorías publicadas en la página web de la Contraloría, solo tres corresponden al año 2026, un número reducido comparado con las 390 auditorías ejecutadas entre 2023 y 2025. La falta de publicación de estos informes ha generado críticas, ya que fueron elaborados con recursos estatales y, en algunos casos, mediante la contratación de firmas privadas.
