El proyecto de reforma a la Ley 87-01 sigue su curso, pero persiste la incógnita sobre quién costeará los cambios. La propuesta carece de una cifra fiscal definitiva y un desglose claro de fuentes y usos de los fondos. Se plantea un ajuste gradual en las cotizaciones, tanto para empleadores como para trabajadores, aplicable de manera escalonada.

El Fondo de Solidaridad Social, que respalda las pensiones mínimas, es el centro del debate. El Superintendente de Pensiones, Francisco Torres, sugiere reducir temporalmente el requisito de cotización de 25 a 15 años, lo que implica un aumento en los aportes para mantener la viabilidad del fondo. La tasa de aporte podría pasar del 9.97% al 15.25% del salario en un periodo de ocho años.

El respaldo técnico de la reforma incluye evaluaciones de la SIPEN con un modelo actuarial de la OIT y estudios del Banco Mundial y el BID. Sin embargo, el riesgo es que la reforma llegue al Congreso sin claridad sobre su costo real para los ciudadanos. La sostenibilidad de la reforma dependerá de la transparencia en los costos y responsabilidades de financiamiento.