La creciente preocupación por la seguridad ha transformado los hogares en República Dominicana. Los propietarios están invirtiendo en portones cerrados, cercos eléctricos y sistemas de videovigilancia para proteger sus viviendas. Esta tendencia ha impulsado el negocio de la seguridad, beneficiando a herreros e instaladores de sistemas electrónicos.
Kenia de Jesús, residente de Hato Nuevo, instaló cámaras de vigilancia tras un incidente de intrusión en su propiedad. Este tipo de medidas de seguridad, que permiten monitorear las viviendas desde el extranjero, se están volviendo cada vez más comunes. Los costos de estos sistemas varían según la resolución de las cámaras y las funciones adicionales como detección de movimiento.
El herrero Alexander Echavarría Báez y Kirsy Morla, de Herrería & Toldos Morla, han notado un cambio en las solicitudes de sus clientes, quienes ahora priorizan la seguridad sobre la estética. Las inversiones en estructuras de protección pueden alcanzar hasta 600,000 pesos, dependiendo de las medidas implementadas.
La colaboración entre el sector privado y las autoridades, como el acuerdo entre el Sistema 9-1-1 y el Ministerio de Interior y Policía, busca integrar cámaras comerciales a la Red de Videovigilancia Pública. Sin embargo, no está claro si los propietarios de viviendas tienen acceso a mecanismos de integración similares.
