Los implicados en el caso Lobo habrían formado una red criminal dentro de instituciones públicas, compuesta por servidores públicos y encargados de seguridad. Según el Ministerio Público, estos habrían favorecido a empresas a cambio de sobornos, manipulando procesos de contratación para garantizar la continuidad de contratos de manera irregular.
La acusación solicita enviar a juicio a los implicados, entre los que se encuentran un mayor general retirado del Ejército, varios coroneles y civiles. El expediente detalla un mecanismo sistemático para el cobro de sobornos, fijando cuotas ilícitas del 5% al 10% del valor de los contratos.
Los acusados habrían obstruido la ejecución de contratos de otras compañías para extorsionar a los contratistas. Además, habrían debilitado los mecanismos de control institucional, subordinando el sistema de recepción de servicios a los directores de seguridad.
Se habrían cometido múltiples violaciones a la ley, incluyendo usurpación de funciones y manipulación de evaluaciones técnicas. Estas acciones habrían resultado en pérdidas millonarias para el Estado, según el Ministerio Público.
