Un grupo de siete abogados, liderados por Carlos Balcácer, ha solicitado al Ministerio Público una investigación inmediata e independiente sobre las muertes de al menos 47 jóvenes durante operativos policiales recientes. Los abogados cuestionan que estos decesos, ocurridos entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre, se presenten como "actuaciones legales o intercambios de disparos" sin una investigación previa por parte de los fiscales.
Carlos Balcácer advirtió que, de no recibir respuesta, presentarán una querella contra el director de la Policía, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y otros implicados. Según Balcácer, las acciones de la Policía podrían constituir "homicidio calificado" o "homicidio agravado", con penas de hasta 40 años de prisión.
Los abogados exigen el análisis de autopsias, pruebas balísticas, grabaciones de cámaras corporales y testimonios para esclarecer las circunstancias de cada fallecimiento. Subrayan que la eficacia contra la delincuencia no se mide en cadáveres, sino en vidas protegidas, y que ninguna sospecha delictiva justifica la muerte arbitraria de un ciudadano.
