El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado temporalmente a la Administración del presidente Donald Trump a reactivar su política de deportaciones a terceros países. Esta decisión permite al Gobierno continuar con el programa de deportaciones rápidas, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos.
La medida del Supremo suspende fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país de destino y permitirles impugnar su traslado. La Administración Trump argumenta que esta política es necesaria para deportar a personas con antecedentes penales y ha calificado su suspensión como una 'emergencia nacional'.
El fallo fue aprobado por los seis jueces conservadores del tribunal, mientras que las juezas progresistas se opusieron. El Supremo escuchará los argumentos sobre la legalidad de esta política en diciembre, antes de tomar una decisión definitiva.
