La República Dominicana avanza hacia una nueva etapa en la gestión de residuos plásticos con la implementación de la Ley 36-26. Esta normativa, promulgada en julio, establece restricciones para los plásticos de un solo uso y exige que ciertos productos sean certificados como biodegradables. A partir del 15 de diciembre, los comercios no podrán entregar fundas plásticas de manera gratuita, como parte de las medidas para reducir su consumo.
Symphony, una empresa que desarrolla tecnología para la biodegradación de plásticos, asegura que su sistema permite que estos materiales se transformen en agua y biomasa al finalizar su vida útil. Michael Laurier, presidente de Symphony, destaca los retos y oportunidades de esta transición, así como la importancia de certificar la efectividad de los plásticos biodegradables. La República Dominicana se posiciona como líder en la región, promoviendo la mejora de los plásticos para que dejen de ser una molestia ambiental.
Laurier subraya que, aunque los plásticos tienen un menor impacto ambiental en comparación con otros materiales, su presencia en el medio ambiente se debe a su ligereza y a veces a un manejo descuidado. La normativa dominicana busca que los plásticos sean biodegradables, siguiendo normas internacionales. Esta iniciativa podría convertir al país en un centro regional para la producción de plásticos biodegradables.
