El nuevo Código Penal dominicano introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, obligando a las empresas a asumir consecuencias legales por delitos cometidos por sus empleados. Esta normativa, que entrará en vigor el 5 de noviembre, establece multas que pueden alcanzar hasta 1,500 salarios mínimos y contempla la posibilidad de la "muerte corporativa" en casos de delitos graves.
El abogado Eduardo Tavárez Guerrero explicó que las empresas deben implementar controles preventivos eficaces y demostrar la existencia de canales éticos para mitigar sanciones. La legislación afecta tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas, exigiendo que incluso los gerentes de microempresas asuman el rol de oficiales de cumplimiento normativo.
La normativa también permite a los directivos demostrar su inocencia si descubren irregularidades administrativas y actúan en consecuencia, despidiendo y denunciando a los responsables. Este cambio legal busca transformar la cultura operativa empresarial en el país, promoviendo la autorregulación y el cumplimiento normativo.
