Las clínicas y centros de salud privados en la República Dominicana enfrentarán un régimen de mayor responsabilidad penal con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Según el abogado Eric Raful, las sanciones no solo recaerán sobre el médico tratante, sino también sobre las instituciones que incumplan sus deberes de supervisión y control.
En casos de mala práctica médica o cuando una persona sin credenciales realice procedimientos médicos, las clínicas podrían enfrentar severas consecuencias legales, como la suspensión de servicios o el cierre definitivo. Raful explicó que el nuevo marco legal contempla multas de hasta 1,500 salarios mínimos para las personas jurídicas y la prohibición de operar de manera permanente en casos de violaciones graves.
Las clínicas deberán demostrar que cuentan con programas de cumplimiento normativo, capacitación del personal y auditorías internas para prevenir riesgos a la salud de los pacientes. Esta transformación busca fortalecer la protección del derecho a la salud y adaptar la legislación a estándares internacionales sobre responsabilidad de las personas jurídicas.
Raful también advirtió sobre la proliferación de establecimientos que ofrecen procedimientos médicos sin cumplir con las condiciones requeridas, lo que podría derivar en sanciones penales y el cierre definitivo bajo el nuevo Código Penal.
