Nueve años han pasado desde el asesinato de Emely Peguero, un caso que conmocionó a la República Dominicana y que sigue presente en la memoria colectiva. En 2017, el país operaba bajo un Código Penal de 1884, sin tipificar el feminicidio como delito autónomo. La reciente entrada en vigor del nuevo Código Penal introduce cambios significativos, incluyendo la tipificación del feminicidio y sanciones más severas para casos agravados, como el de una víctima adolescente embarazada.
El nuevo Código Penal establece penas de 30 a 40 años para feminicidios, y hasta 40 años para casos agravados. Sin embargo, estas leyes no pueden aplicarse retroactivamente a casos como el de Emely. El caso de Esmeralda Richiez, otra adolescente de 16 años asesinada en 2023, también resalta la evolución del sistema judicial, aunque su proceso se llevó a cabo bajo el antiguo código.
El impacto del caso de Emely ha impulsado cambios no solo en el ámbito legal, sino también en la reducción de embarazos adolescentes. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística, los embarazos en adolescentes han disminuido significativamente desde 2017. A pesar de estos avances, el desafío persiste, y la pregunta sigue siendo si las nuevas penas son suficientes para prevenir futuros casos de violencia contra mujeres y adolescentes.
