El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ha anunciado que apelará la decisión de una jueza que ordena el pago de más de RD$7.5 millones por un celular Samsung S3 incautado. La jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la decisión a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado en un caso de corrupción administrativa.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, de la Pepca, han señalado que la decisión está plagada de vicios procesales y que la jueza no tenía competencia para emitirla, ya que el caso fue trasladado al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. El Ministerio Público tiene un plazo de 20 días para presentar el recurso de apelación ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocerá el caso el próximo 11 de agosto.
El caso involucra a Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán, acusados de adjudicaciones fraudulentas y manipulación de sistemas de videovigilancia y semafóricos. Álvarez Carbuccia está acusado de emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant, entre otros delitos relacionados con la corrupción administrativa.
