El proyecto de la Ley Mirabal, actualmente en estudio por una comisión bicameral del Congreso Nacional, establece penas de cinco a diez años de prisión para quienes incumplan las obligaciones alimentarias de los hijos, utilizando este incumplimiento para someter a las mujeres. Esta conducta es considerada una forma de violencia económica, y también se sancionará a quienes condicionen el pago de manutención para impedir que una mujer se separe o para castigarla por haberlo hecho.
La iniciativa también contempla multas de 10 a 20 salarios mínimos para quienes retengan, se apropien o desvíen sin derecho los salarios, ingresos o prestaciones económicas de una mujer. Además, se sancionará a quienes impidan a las mujeres acceder a recursos que les corresponden mediante amenazas o intimidación.
El proyecto aborda la violencia patrimonial, castigando con prisión a quienes dañen, destruyan, sustraigan o retengan bienes de una mujer, incluidos documentos personales y herramientas de trabajo. También se sancionará la transferencia o el ocultamiento fraudulento de bienes comunes para perjudicar los derechos patrimoniales de la mujer.
La propuesta, presentada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, busca sancionar con mayor severidad las infracciones que presenten circunstancias agravantes, como cuando la víctima sea una niña, adolescente, esté embarazada o en período de posparto, o cuando se utilicen armas para intimidarla.
