Seis años después del anuncio de la reforma policial, el Gobierno aún no ha respondido cuánto dinero ha invertido el Estado y qué resultados ha obtenido la sociedad. La Cámara de Cuentas presentó una auditoría sobre la Policía Nacional para el período 2020-2022, identificando irregularidades administrativas y financieras, pero no auditó la reforma policial ni el Ministerio de Interior y Policía.
El país sigue sin conocer el costo real de una reforma que ha movilizado miles de millones de pesos en recursos públicos y cooperación internacional. La transparencia no solo implica publicar informes contables, sino también demostrar si los recursos públicos han producido instituciones más eficientes y mayor seguridad para la ciudadanía.
La inseguridad sigue siendo una preocupación nacional, y la reforma no ha generado el impacto prometido. El Gobierno promueve una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, pero la ciudadanía evalúa la reforma por los resultados diarios en las calles.
El Gobierno debe explicar los fundamentos jurídicos de los cambios en la administración policial y garantizar la transparencia y rendición de cuentas. La modificación de la Ley núm. 590-16 debe ser evaluada para asegurar que no se dependa de estructuras externas y se fortalezca el liderazgo institucional de la Policía Nacional.
Sin una evaluación integral de la reforma iniciada en 2021, impulsar una nueva ley podría implicar que los objetivos anteriores no se alcanzaron. Las instituciones policiales necesitan dirección estratégica, evaluación permanente y transparencia en el manejo de recursos públicos. La sociedad dominicana tiene derecho a exigir cuentas al Gobierno.
