El Tribunal Superior Electoral (TSE) se declaró incompetente para conocer el recurso que buscaba anular el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la precampaña. El expediente fue remitido al Tribunal Constitucional (TC) al considerarse una acción de control concentrado de constitucionalidad.
La decisión del TSE fue respaldada por solo dos de sus cinco jueces. La magistrada Rafaelina Peralta Arias votó en contra, argumentando que el TSE sí era competente para conocer el caso y debía anular la restricción impugnada. Otros dos magistrados no participaron en la decisión.
La mayoría del tribunal concluyó que la acción interpuesta por Justicia Sin Fronteras, Inc. debía ser conocida por el TC, ya que buscaba excluir del ordenamiento jurídico una disposición reglamentaria con efectos generales. La medida ha sido cuestionada por medios de comunicación, juristas y organizaciones, quienes sostienen que restringe la libertad de expresión e información.
Justicia Sin Fronteras afirmó que el voto disidente de Peralta Arias coincide con su tesis de que el TSE debía conocer el fondo del recurso. Su presidente, Harrison Félix, calificó de "profundamente desacertada" la decisión mayoritaria y afirmó que el tribunal "eludió asumir su responsabilidad de conocer un conflicto de evidente trascendencia institucional".
