A principios del siglo XXI, organizaciones progresistas de la República Dominicana advirtieron sobre las consecuencias del DR-CAFTA para la economía nacional. Estas organizaciones se reunieron con productores agropecuarios, incluidos los arroceros, para explicar los riesgos de competir con la maquinaria productiva de Estados Unidos sin garantías suficientes.
El DR-CAFTA, firmado en 2004, prometía crecimiento y desarrollo, pero sus críticos temían que beneficiara a los sectores más poderosos. Recientemente, el presidente Luis Abinader derogó un decreto que protegía la producción nacional de arroz, lo que ha generado preocupación en el sector.
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios advierte que esta derogación afecta a 30,000 productores y más de 300,000 empleos. La decisión del gobierno dominicano ha sido criticada por no proteger adecuadamente a los productores locales frente a las exigencias comerciales de Estados Unidos.
El arroz es un alimento fundamental en la dieta dominicana y un componente clave de la seguridad alimentaria. La derogación de las protecciones arancelarias plantea interrogantes sobre la capacidad del país para producir sus propios alimentos y evitar la dependencia de importaciones.
