Estados Unidos ha comenzado a aplicar un arancel adicional del 12.5% a una variedad de productos dominicanos desde julio, en un contexto donde también presiona a República Dominicana para que abra su mercado al arroz estadounidense según el DR-CAFTA. Aunque las medidas tienen fundamentos jurídicos diferentes, resaltan un contraste en la relación comercial entre ambos países. El arancel fue adoptado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, afectando a varias economías, incluida la dominicana, por no aplicar efectivamente mecanismos contra el trabajo forzoso en importaciones.
Por otro lado, Estados Unidos cuestiona la decisión del gobierno dominicano de mantener restricciones al arroz estadounidense, a pesar de que el período de transición del DR-CAFTA ha concluido. El presidente Luis Abinader defiende la protección del arroz como un producto estratégico para la seguridad alimentaria del país. Este escenario plantea desafíos para República Dominicana, que debe equilibrar la protección de su sector arrocero con las obligaciones comerciales internacionales, y mitigar el impacto del nuevo arancel en sus exportaciones.
