El Tribunal Constitucional ha dictaminado que la Procuraduría General de la República (PGR) no puede negarse a emitir certificaciones sobre antecedentes penales. Esta decisión surge tras el caso de un hombre al que se le negó una certificación de no antecedentes penales, a pesar de no tener una condena definitiva.
La alta corte estableció que, incluso si una persona tiene antecedentes penales, la PGR debe expedir un documento que refleje su situación jurídica. Esta medida busca evitar que los ciudadanos queden sin respuesta por parte de la Administración.
El Tribunal reiteró que solo las sentencias condenatorias con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada constituyen antecedentes penales. Además, precisó que una investigación o proceso judicial abierto no debe considerarse como tal.
La sentencia también subraya que negar una certificación de no antecedentes penales a alguien sin condena es una violación a la presunción de inocencia. La decisión obliga a la PGR a emitir un documento que refleje cualquier situación jurídica del solicitante, en lugar de simplemente rechazar la solicitud.
