La Constitución dominicana reconoce la imagen y el honor como derechos fundamentales, vinculados a la dignidad humana. Estos derechos son exigibles tanto frente al Estado como frente a particulares, y su protección es una responsabilidad esencial de los poderes públicos. El Tribunal Constitucional ha definido el derecho al honor como la facultad de exigir respeto y protección de la reputación personal.
La libertad de expresión, aunque también es un derecho fundamental, no es absoluto y encuentra sus límites cuando colisiona con el honor. La Suprema Corte ha diferenciado entre difamación e injuria, estableciendo que la difamación implica la imputación de un hecho que ataca el honor. La jurisprudencia reciente reitera la protección del honor frente a imputaciones públicas.
La reputación construida por una persona puede ser seriamente afectada por afirmaciones falsas o imágenes fuera de contexto. Defender la libertad de expresión no implica defender la irresponsabilidad, y es crucial investigar y verificar antes de publicar información que pueda dañar el honor de alguien. La velocidad de internet no exime de responsabilidad, y el interés público no justifica la destrucción de reputaciones.
