La Administración Trump ha implementado un nuevo procedimiento regulatorio para prevenir la explotación de inmigrantes y fraudes por parte de intermediarios matrimoniales internacionales. Esta medida, publicada por el Departamento de Justicia en el Registro Federal, endurece la aplicación de la Ley de Regulación de Agencias de Matrimonio Internacional de 2005 (IMBRA). La norma busca proteger a las parejas extranjeras de ciudadanos estadounidenses contra abusos y violencia doméstica.
La regulación se dirige a las empresas que actúan como intermediarios matrimoniales internacionales, conocidas como IMB, que no proporcionan la información requerida a los extranjeros o divulgan información prohibida. La ley exige que estas agencias faciliten datos sobre antecedentes penales, registros de delincuentes sexuales y matrimonios anteriores de los ciudadanos estadounidenses a sus potenciales parejas extranjeras.
Además, los datos deben ser entregados en el idioma natal del extranjero, junto con información sobre sus derechos legales y recursos disponibles, y obtener su consentimiento por escrito. La IMBRA también prohíbe a las agencias proporcionar información de contacto o fotografías de personas menores de dieciocho años.
El cambio principal introducido por esta norma es el establecimiento de un procedimiento formal para investigar y sancionar las violaciones de la IMBRA, con multas que oscilan entre 5,000 y 25,000 dólares para las empresas infractoras.
