El uso de términos como "ilegal" o "informal" para describir barrios populares oculta las causas estructurales que llevan a miles de familias a construir sus viviendas fuera de los procesos formales de urbanización. En República Dominicana, este debate se intensifica con la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, que busca orientar el crecimiento urbano y promover un desarrollo territorial equilibrado.
La implementación de esta ley enfrenta el desafío de un crecimiento urbano ya marcado por desigualdades estructurales. El derecho a la ciudad implica más que habitar un espacio físico; es participar en su producción y transformación en igualdad de condiciones.
Las diferencias en infraestructura y servicios entre barrios reflejan decisiones históricas sobre inversiones y prioridades. La informalidad no es exclusiva de sectores populares, sino una forma diferenciada de regulación estatal del territorio.
La aplicación efectiva de la Ley 368-22 debería enfocarse en promover justicia territorial mediante programas de mejoramiento barrial, regularización progresiva y participación ciudadana. El objetivo es cerrar brechas territoriales y garantizar el derecho a una vivienda digna y segura para todos los ciudadanos.
