La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) ha decidido no asignar defensores públicos para representar a empresas o entidades privadas en procesos judiciales. Esta decisión fue comunicada por el director de la ONDP, Rodolfo Valentín, tras un requerimiento del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para que se asignara un abogado a la empresa Inprosol SRL, involucrada en un caso de presunta estafa contra el Estado.
Valentín argumentó que la defensa pública está destinada exclusivamente a personas físicas, según lo establecido en la Constitución y la Ley de la Defensa Pública. El director enfatizó que en ningún país de Iberoamérica la defensa pública representa a empresas privadas, salvo en España, donde se limita a organizaciones sin fines de lucro.
El tribunal había advertido que el Ministerio Público podría proceder por desacato si no se cumplía con el requerimiento. Sin embargo, Valentín sostuvo que algunos tribunales están interpretando erróneamente las leyes al exigir defensores públicos para empresas, lo que considera una trampa estratégica entre partes.
Además, Valentín informó que existen recursos de revisión constitucional pendientes en el Tribunal Constitucional sobre este tipo de requerimientos. La ONDP reafirma su compromiso de garantizar el derecho a la defensa de personas sin recursos, priorizando a los sectores más vulnerables.
