La República Dominicana enfrenta un debate crucial sobre la seguridad ciudadana y el uso de la fuerza estatal en el marco del Estado de derecho. Las muertes durante operativos policiales y el discurso de mano dura contra la delincuencia plantean interrogantes sobre si se está construyendo una sociedad más segura o normalizando prácticas autoritarias. Hasta octubre de 2026, se registraron al menos 182 muertes en intervenciones policiales, lo que ha generado demandas de transparencia y explicaciones verificables.
El problema radica en establecer límites claros al poder estatal, asegurando que ningún operativo sustituya la justicia por la muerte. La igualdad ante la ley no debe depender de la capacidad económica para obtener defensa legal. La discusión se enmarca en una tendencia regional hacia políticas de seguridad punitivas, como el modelo salvadoreño, que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.
La cooperación internacional, como el Escudo de las Américas, también influye en las políticas nacionales de seguridad. Es necesario examinar cómo estas prioridades hemisféricas afectan los derechos fundamentales y asegurar que las actuaciones de las autoridades sean sometidas a un escrutinio riguroso. La República Dominicana necesita una política de seguridad que combine prevención, persecución efectiva del delito y respeto a los derechos humanos.
